Código Rojo
Trasladan a reos del penal de San Miguel, señalados de extorsión

La SSP informó el reacomodo de dos internos considerados de alta peligrosidad, identificados como integrantes de un grupo criminal
Tras las diversas manifestaciones en la capital y zona metropolitana de Puebla por familiares de presos del penal de San Miguel, que exigían el traslado de algunos prisioneros a otras cárceles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que hubo un reacomodo dentro del CERESO, donde dos personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad fueron enviadas a otros centros de reinserción, con la finalidad de mantener el control en las celdas. Ambos fueron identificados como integrantes de un grupo criminal.
Los perfiles de estos sujetos son: Miguel Ángel N., quien enfrenta un proceso por homicidio doloso, portación de arma de fuego sin licencia y ataques peligrosos; mientras que el otro interno fue identificado como Juan Pedro N., máximo generador de violencia, al ser señalado como miembro de un grupo criminal con trascendencia a nivel nacional.
A través de un comunicado, la SSP dio a conocer el traslado a otros centros penitenciarios de dos personas privadas de su libertad, quienes fueron señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas al interior del penal de San Miguel, principalmente vinculadas con actos de extorsión, cobro de piso y violencia contra internos, principalmente de nuevo ingreso.
Estos traslados se realizaron con el fin de mantener el control institucional y garantizar la gobernabilidad dentro de la cárcel, pues en días pasados se denunciaron actos de extorsión y demás delitos que se cometían en el CERESO de la capital poblana, donde supuestamente algunos PPL exigían cuotas a otros presos para evitar hacerles daño.
En ese sentido, la SSP detalló que dicha decisión de trasladar a estos dos prisioneros derivó de un proceso de evaluación y análisis técnico que contempla la revisión de perfiles criminológicos, antecedentes, comportamiento penitenciario y factores de riesgo, así como las condiciones de seguridad y capacidad de los penales receptores.
Estas evaluaciones continuarán al interior de los centros penitenciarios del estado, con el fin de prevalecer la paz al interior de los centros de readaptación y de las personas privadas de la libertad.




