Linchamientos
Presenta el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, informe sobre el delito de linchamiento en Puebla
Se estudiaron los casos registrados durante el año 2020
Puebla, Pue.- Este martes, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla realizó una conferencia informativa sobre el delito de linchamiento en la entidad poblana.
Durante esta tarde, a través de su cuenta oficial de Facebook, el Consejo Ciudadano expuso los resultados obtenidos sobre el fenómeno del linchamiento durante el año 2020.
Se comenzó por definir al linchamiento como un acto colectivo, ilícito y violento que puede terminar o no en la muerte de la víctima; es una respuesta inmediata a la comisión de un delito que amenaza los intereses de un grupo social, que al momento de perpetuarse, es numéricamente mayor que él, o los presuntos criminales afectados.
De acuerdo con la información proporcionada por la instancia, durante el año 2020, el mes de febrero fue el lapso en el que más municipios poblanos registraron linchamientos, pues fueron 15 las demarcaciones en las que se reportó un total de 30 linchamientos.
Durante el mismo año, el mes de julio fue el período más pacífico, con dos linchamientos reportados en dos municipios.
Con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación Puebla, se indicó que el número de linchamientos se redujo considerablemente una vez que se implementó el protocolo sanitario por la pandemia desatada por el virus Covid-19, durante el mes de marzo.
Lo anterior se respaldó con los siguientes datos: el primer trimestre del año 2020, tuvo un promedio de 23.6 casos, mientras que el segundo trimestre tuvo un promedio de 10.6 hechos, el tercero contabilizó un promedio de seis casos, y en el último lapso trimestral se registró un promedio de nueve linchamientos.
Durante el 2020 se registró un total de 148 casos, de los cuales, 139 quedaron en un intento y nueve se consumaron.
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Los delitos que presuntamente cometieron las personas que fueron víctimas de la ira de la ciudadanía, pero se quedaron en un intento de linchamiento fueron: robo a transeúnte (14), robo a casa habitación (8), robo sin especificar (8), robo de motocicleta (4), robo de vehículo particular (3), robo de ganado (3), robo a negocio (3), robo a transporte público colectivo (2), abuso sexual (2), secuestro (2) y con un sólo caso, extorsión, fraude, robo a transporte público individual, robo a escuela, amenazas, delitos contra la intimidad sexual.
Asimismo, los delitos que se presume, cometieron las personas cuyo linchamiento fue consumado, fueron: robo a negocio (2), secuestro (2), y con un sólo caso, robo a menor de edad, robo de vehículo, robo de bicicleta, robo a casa habitación, robo sin especificar y robo a negocio.
Del total de casos analizados, las mujeres vícitimas de linchamiento representaron un 8.6 por ciento, mientras que los varones cubireron un 91.4 por ciento.
Cabe destacar que, de acuerdo con Israel Salomón Huerta Manzano, subcoordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz, la capital poblana encabezó el número de casos con 67 linchamientos, seguido por Santa Rita Tlahuapan con nueve, Amozoc con siete, Tecamachalco con cinco, San Andrés Cholula con cuatro, San Pedro Cholula con tres, los mismos que Huixcolotla y Tlacotepec de Benito Juárez.
Por otra parte, Huerta Manzano indicó que las condiciones bajo las cuales es más fácil que se suscite dicha conducta, es un mayor número de delitos, gran cantidad de población y alta incidencia de delitos patrimoniales.
Por lo anterior, el subcoordinador del Observatorio Ciudadano recomendó fijar una definición clara del linchamiento, sobre todo en medios de comunicación, pues algunos canales consideran linchar a alguien desde que se le golpea, mientras que otros lo contabilizan sólo si la víctima murió; dicha homegeneización ayudaría a generar en la ciudadanía una percepción más precisa sobre el fenómeno delictivo.
También se sugiere mayor captación de información de cada caso que contribuya a realizar una base de datos que sirva como pilar de conocimiento para las autoridades.
Por último, se indicó que es necesaria la transparencia en la información que las autoridades brindan sobre cada uno de los casos, por lo que se sugiere mantener informada a la ciudadanía sobre cada registro que se realice, desde la apertura de la carpeta de investigación, hasta la resolución judicial, todo ello con el objetivo de crear una percepción justa y acertada sobre la situación de seguridad en una demarcación geográfica determinada.
