Código Rojo
Gobierno de Puebla toma el control de la seguridad en cinco municipios del estado
Los municipios son Tehuacán, Ciudad Serdán, Ajalpan, San Martín Texmelucan y Amozoc
Puebla, Pue.- El Gobierno del Estado ha tomado el control de la seguridad en cinco municipios en las últimas administraciones, luego de que los Ayuntamientos se han visto rebasados o en algunos casos, sus uniformados estaban ligados a actividades ilícitas.
Lo anterior ocurrió en Tehuacán, Ciudad Serdán, Ajalpan, San Martín Texmelucan y Amozoc, tras el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.
En mayo del 2018, la Policía Estatal asumió la responsabilidad de la seguridad en el municipio de San Martín Texmelucan, que era encabezada por el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, luego de que se elevaron los índices de delincuencia y hechos violentos, tales como la aparición de al menos nueve cuerpos desmembrados.
Asimismo, se tuvo conocimiento que algunos uniformados municipales tenían nexos con bandas de huachicoleros. En su intervención los policías locales fueron desarmados y trasladados a la Comandancia Ignacio Zaragoza, donde se les realizó las pruebas de control y confianza.
En los primeros minutos del año pasado, la seguridad regresó al ayuntamiento de Texmelucan luego de que expiró el decreto emitido por el ejecutivo.
En el mes de junio de 2018, la ejecución de seis policías municipales de Amozoc, por presuntos huachigaseros, orilló al Gobierno del estado a redoblar la seguridad y designar a nuevos mandos, luego de que se confirmó que excomandante operativo Alfredo N., y el excomisario Javier N., fueron detenidos y se les dictó prisión preventiva, por los delitos de espionaje contra las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, portación de arma de fuego sin licencia y cohecho.
Lo mismo ocurrió el mismo mes, pero en el municipio de Chalchicomula de Sesma, donde los encargados de la seguridad estaban ligados con delitos de secuestro, homicidio, robo de vehículos, entre otros.
Todos los uniformados fueron detenidos, sin embargo, sólo a 17 se les imputó el delito de usurpación de funciones, por lo que fueron internadas en el penal de Tepexi de Rodríguez.
En el caso de Ignacio N., supuesto supervisor de Seguridad Pública, se le imputó por los delitos de usurpación de funciones públicas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y uso de documento falso.
En tanto, a la directora de Seguridad Pública, María Alejandra N., le imputaron los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y abuso de autoridad. Mientras que, al director de Vialidad, José Rafael N. se le formuló imputación por el delito de usurpación de funciones.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que a los 12 policías rasos y los dos agentes viales, se les imputó el delito de usurpación de funciones.
El 23 de agosto del 2018, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) asumió el control de la seguridad en Tehuacán, luego de que se conoció que uniformados municipales estaban coludidos con el crimen organizado.
Con esta acción tomó el control del penal, de Seguridad Publica, Transito Municipal y del centro de respuesta inmediata, este último se conoció que no estaba conectado al C5 de Puebla.
En esa fecha, el municipio que presidia Ernestina Fernández Méndez, contaba con 368 uniformados, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Puebla, donde más de 20 no pasaron las pruebas de control y confianza, y por ello usurpaban funciones.
A finales del año pasado el Gobierno dejó que el entonces alcalde Felipe Patjane, tomará el control de la seguridad respetando los nombramientos hechos con anterioridad por la SSP.
En el caso del municipio de Ajalpan, la Policía Estatal redobló la seguridad y asumió el cargo por 180 días, luego de que el 19 de octubre de 2015, los uniformados municipales se vieron rebasados por una turba de vecinos quienes señalaron a dos jóvenes de ser secuestradores.
El hecho terminó en el linchamiento de los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, quienes fueron quemados vivos en la explanada del municipio. Las indagatorias permitieron establecer que las víctimas eran encuestadores.
Por el asesinato de los jóvenes 10 personas fueron detenidas, de las cuales cuatro personas fueron encarceladas y se les impuso una multa económica de más de 3 mil pesos. Se trató de Pedro N., Juan Carlos N., Julio César N., Orlando N., Juan N. y Javier N.
