La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención del primer presunto implicado en el homicidio del periodista, docente y abogado Josué Martínez, conocido como “El Jaguar”, ocurrido en San Martín Texmelucan.
Se trata de Javier N., presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, capturado la noche de este sábado durante un operativo desplegado por agentes ministeriales en el municipio de San Martín Texmelucan. Las autoridades mantienen la búsqueda de otros presuntos responsable.
De acuerdo con información oficial, la aprehensión se logró tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar a Javier N., el cual al ser detenido ofreció dinero a los agentes ministeriales, así como un vehículo de su propiedad junto con la factura para evitar los temas legales, por lo que también fue señalado por cohecho.
Recordemos que en un video, Josué Martínez, mencionó que había sido amenazado por el presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el homicidio del periodista.
La FGE informó que el detenido fue puesto a disposición de un juez de control.
Según la carpeta de investigación, dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron a Josué Martínez cuando caminaba a unos metros de su domicilio, sobre la calle Leona Vicario, acompañado de su hijo de 13 años. Sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron del lugar.
El periodista murió en el sitio, mientras su hijo resultó ileso. El ataque ocurrió a plena luz del día y frente a vecinos de la comunidad.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado el móvil del crimen, y si está relacionado con su actividad periodística. No obstante, aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación y que el caso no quedará impune.
La dependencia indicó que dará mayores detalles sobre la captura del primer involucrado y el avance de las indagatorias. Mientras tanto, se mantiene un operativo para lograr el aseguramiento de los otros implicados.
El asesinato de Josué Martínez generó condena entre organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas, quienes exigieron justicia y protección para quienes ejercen el periodismo